El auto del juzgado de Instrucción 1 de Cartagena ordena que se dé traslado a nueve investigados y a los representantes de dos mercantiles, entre ellos Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla
PACO MARTÍNEZ | MACU ALEMÁN
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía y ha acordado incoar diligencias para tratar de esclarecer las presuntas irregularidades y tratos de favor observados en determinadas contrataciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena. La resolución relaciona ocho hechos que “revisten indicios mínimos y suficientes de la presunta comisión de varios ilícitos penales y que justifican la necesidad de incoar Diligencias Previas en aras a esclarecerlos”. Son hechos que hacen presumir -añade- la posible existencia de delitos muy diversos, entre los que se encuentran los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos.
El auto del juzgado de Instrucción, que ya ha sido notificado a la Fiscalía General del Estado, ordena que se de traslado a nueve investigados y a los representantes de dos mercantiles para que sean informados de los hechos que se les atribuyen, así como de su derecho a actuar en el proceso y designar un abogado antes de que se les tome declaración.
La querella de la fiscalía se dirigía, entre otras personas, contra la presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, y su antecesor, Antonio Sevilla, para que se investigue si pudieron participar presuntamente en prácticas corruptas en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021.
También contra un antiguo director general y una jefa de área, que podrían haber facilitado información privilegiada a licitadores que participaron en varios concursos públicos, lo que les hubiera permitido concurrir en situación ventajosa. Según la denuncia, esas supuestas actividades ilegales se habrían cometido no solo en la convocatoria de obras y servicios, sino también en la contratación de personal para el puerto.
Muñoz señaló este martes tras el consejo de administración de la APC que no dimitirá, como piden Podemos, el PSOE, Ciudadanos y la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y que ha encargado una auditoría interna y otra externa para despejar “cualquier sombra de duda”.
Las diligencias de investigación del Ministerio Público se habrían iniciado hace un año a la vista de la indagación preliminar realizada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tras la denuncia de tres particulares.
El comité de empresa de la Autoridad Portuaria entiende que la presidenta Yolanda Muñoz "no tiene más remedio que dimitir" tras la admisión a trámite de la denuncia de Fiscalía. Tanto CCOO como UGT reiteran que se personarán en la causa como acusación popular.
El delegado de CCOO en el comité de empresa del puerto, Diego Zaplana, entiende que la admisión a trámite de la denuncia de Fiscalía por el Juzgado de Instrucción y la apertura de diligencias viene a confirmar las irregularidades denunciadas por las organizaciones sindicales.
Las principales organizaciones sindicales han reiterado que ejercerán la acusación popular en la causa por presunta corrupción. El comité de empresa considera que a la presidenta Yolanda Muñoz no le queda más remedio que dimitir de su cargo.
El delegado del gobierno, José Vélez también se pronunciaba esta mañana sobre el caso para decir que son los populares los que están utilizando electoralmente el asunto, porque con dinero del puerto están financiando actos de pre campaña electoral para publicitar a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo y al presidente de la comunidad.
La dirección regional de Ciudadanos se ha pronunciado hace unos minutos: en un comunicado sostiene que, una vez que se ha producido la imputación judicial de Yolanda Muñoz, el presidente del gobierno Fernando López Miras debe cesarla de manera inmediata para para así "una degradación de la Autoridad Portuaria que afecta a todos los murcianos". Ciudadanos exige también que López Miras abra una investigación para depurar todas las responsabilidades de esta presunta trama corrupta del PP, para que ningún corrupto quede impune. Los murcianos no merecen que el peor gobierno de su historia ahora también muestre indicios de corrupción.
