Así se recoge en la denuncia presentada por la Fiscalía, que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Cartagena que investiga las presuntas irregularidades en la Autoridad Portuaria
EFE | REDACCIÓN
La Policía Nacional, autora del atestado instruido sobre un presunto caso de corrupción en la Autoridad Portuaria de Cartagena, que ha sido asumido por la Fiscalía Anticorrupción, tiene abierta una investigación para determinar quién financió un viaje a Cuba del expresidente de este organismo Antonio Sevilla y de una directora de departamento.
Así se recoge en la denuncia presentada por la Fiscalía, que ha sido admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número Uno de Cartagena, que acaba de abrir diligencias previas para el esclarecimiento de los hechos, y en la que se pide que se llame a declarar como investigados a un total de nueve personas, entre las que se encuentran aquellos dos.
La denuncia añade que los agentes tratan también de determinar quién pagó la matrícula de un máster que realizaron ambos y otra directora de departamento, que igualmente figura entre los denunciados. La Fiscalía señala que esas dos indagaciones no han concluido todavía y que tan pronto se sepa el resultado de las mismas se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial.
La acusación estatal recoge en su escrito una “consideración general” en la que se indica que los audios aportados con la denuncia, que contienen grabaciones presuntamente incriminatorias, fueron realizados por personas que participaron en la conversación, por lo que no existió intromisión ilegítima alguna en su captación.
También descarta la existencia de ilegalidad alguna en los mensajes incorporados igualmente como posibles pruebas al haber sido aportados por las personas a las que iban dirigidos en la red profesional de la Autoridad Portuaria.
Así mismo, se deja constancia en esa consideración general de las afirmaciones hechas por uno de los denunciantes que dio origen a esta actuación investigadora y otros dos testigos, que aseguran haber recibido, presuntamente, presiones para conocer el contenido de sus declaraciones a la Policía o tratar de influir.
En el auto judicial de admisión a trámite de la denuncia, el juzgado acuerda dar traslado de la misma a los que se considera investigados, entre los que se encuentra la actual presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, para que conozcan su contenido, designen abogado y procurador, y puedan preparar su defensa y aportar las pruebas de descargo que consideren oportunas.
La resolución dice que los hechos contenidos en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción podrían ser constitutivos, en principio, de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada, entre otros.
Los hechos que serán sometidos ahora a la investigación del juzgado tienen que ver con la presunta contratación irregular de personal y la adjudicación de obras y servicios para favorecer, supuestamente, a determinadas empresas.
