El CGPJ anuncia su "frontal oposición" a la "revisión parlamentaria" de la acción judicial y anticipa acciones legales
Asociaciones de jueces y fiscales han expresado su "profunda preocupación" por el acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno --que incluye una amnistía extendida hasta los supuestos casos de 'lawfare' y contempla emprender "acciones de responsabilidad" contra los responsables de los mismos--, al considerar que "existe un riesgo evidente de quebrar la democracia".
Las cuatro asociaciones judiciales --la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)-- han firmado un comunicado conjunto donde ponen el foco en "las referencias al 'lawfare' o 'judicialización de la política' y sus consecuencias" para expresar su "rechazo".
Explican que "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", indican. Frente a ello, responden que "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución".
Así, denuncian que "estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables". "El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", afirman.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido este jueves en sesión extraordinaria para aprobar una declaración sobre el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno en la que expresa su "frontal oposición" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto 'lawfare' y anticipa que actuará por "los cauces legalmente establecidos".
El órgano ejecutivo del CGPJ ha tachado de "inadmisibles", "tanto semántica como sustantivamente", las referencias "al 'lawfare' --judicialización de la política-- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura".
"Frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan 'responsabilidades' derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de 'lawfare', nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales", ha indicado.
La Comisión Permanente expone que "tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales", decisiones que defiende que "se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada".
Por todo ello, considera que "la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes".
"La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos", advierte.
Sergio Oliva, miembro del comité nacional de la AJFV, ha sido el encargado de mostrar su "más profunda preocupación con parte del contenido del acuerdo".
"En ese acuerdo, se establece la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas", ha señalado.
Oliva ha defendido que "lo único que han hecho los jueces en España en los últimos años ha sido cumplir estrictamente la ley". "Ese es el pecado", ha lamentado, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Así, ha reclamado que se respeten la separación de poderes y la independencia judicial, advirtiendo de que "estamos en un momento muy crítico" porque "existe un riesgo evidente de quebrar la democracia".
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF) ha mostrado mediante un comunicado su más firme oposición al acuerdo de investidura ya que contempla esas comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales. Entienden que es "un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio al Estado de Derecho".
"Es inadmisible la utilización del término 'guerra judicial' (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente", subraya el texto de la asociación mayoritaria de la carrera fiscal.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha querido mostrar a través de un comunicado su "absoluto rechazo" a las referencias incluidas en el acuerdo sobre 'lawfare', y ha aseverado que es "inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes".
"Los jueces y tribunales están únicamente sometidos al imperio de la ley y sus resoluciones tan solo deben ser revisables por medio de los recursos jurisdiccionales legalmente previstos, sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado", añade.
En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha manifestado a esta agencia de noticias que el acuerdo entre ambas formaciones "es muy grave" y supone implícitamente "un cambio de modelo constitucional" porque se busca el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de una negociación aceptando incluso la figura de un mediador.
Para Viada, el texto "es un golpe de gracia al sistema constitucional español" y la ley de amnistía que saldrá adelante, "una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts".
Ha destacado asimismo que la mención de las comisiones de investigación que arrancarán en el Congreso para analizar responsabilidades en posibles casos de 'lawfare' es "lesiva para el Estado de Derecho" pero a la vez "consecuente" con la idea de que existió "una ilegitimidad por parte del Estado para perseguir" determinados delitos: "Pero es que los jueces y fiscales actuaron como tenían que actuar".
Por último, ha indicado que, si la Justicia en España está politizada, "es por culpa entre otros de PSOE y de Junts", y ha señalado que el partido de Carles Puigdemont "no ha propuesto en la vida un cambio de paradigma para elegir al fiscal general del Estado o a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. "La politización existe, pero extraer de ello la ilegitimidad de las condenas del 'procés' es un exceso y una hipocresía que no debe aceptarse", ha concluido.
