El alcalde de Los Alcázares Mario Pérez Cervera espera que no peligren las ayudas europeas para garantizar la recuperación de la laguna
SERGIO GÓMEZ | ÁNGEL G. BOLUDA
Uno de los Ayuntamientos afectados por la eliminación de la moratoria urbanística para proteger al Mar Menor es el de Los Alcázares. La situación de su ayuntamiento a día de hoy es bien distinta a la del año 2008 donde los desarrollos de mayor expansión urbanística del municipio en Los Narejos, llevaron al exalcalde socialista, Juan Escudero, a sentarse en un banquillo.
El actual primer edil, Mario Pérez Cervera, nos cuenta que la acción humana es la principal protagonista de la degradación del Mar Menor y por tanto no se entiende que no se prorrogue la moratoria que protege a estos municipios de la construcción de grandes urbanizaciones.
A día de hoy el municipio de Los Alcázares no tiene zonas urbanas por construir porque no hay ningún plan parcial en marcha, dice, ni existe, asegura, interés de ninguna promotora por llevar a cabo en el término municipal un desarrollo urbanístico de esas características.
Pérez dice que los Ayuntamientos quedan en una "situación de indefensión" frente a las grandes urbanizaciones y dice que espera que no peligren ayudas europeas que se necesitan para garantizar la aplicación de medidas de recuperación del entorno de la laguna. Existe un agravio, además, entre el sector de la construcción y el agrícola, al que se le viene exigiendo cambios con la aplicación de la ley.
En Cartagena, su alcaldesa, Noelia Arroyo, asegura que no se necesita una moratoria urbanística para frenar grandes desarrollos en el Mar Menor. Arroyo garantiza que no se retomarán los proyectos urbanísticos en Lo Poyo, el Vivero, la Loma de Mar de Cristal o la estación de telegrafía de Cabo de Palos, aunque la suspensión de la moratoria implicará la reanudación de proyectos en zonas urbanas.
En otros municipios ribereños también miran con preocupación las consecuencias que puede acarrear el aumento de la presión urbanística en Mar Menor cuando la crisis ambiental de la laguna se mantiene.
Matías Cantabella, concejal de la oposición por Ganar San Javier, considera que, dado este contexto, los ayuntamientos de la ribera del Mar Menor no deberían tener la "última palabra" sobre urbanismo. Este dirigente vinculado a Podemos recuerda que la moratoria permitió el desarrollo de proyectos ya aprobados, sobre todo en el tramo final de La Manga. Ahora temen que el fin de la moratoria urbanística acabe permitiendo la construcción de un hotel en la zona continental.
De reojo se mira en San Pedro del Pinatar el escenario que se puede generar a partir del 3 de agosto. Sebastián Mateo, de la Agrupación Independiente de San Pedro, partido de la oposición en el pleno de la localidad, consideran imprescindible la prórroga de la moratoria y confia en que este periodo sin resricciones no se traduzca en más presión urbanística.
Si hay una zona que no presenta la presión urbanística que soportan las diferentes orillas del Mar Menor es la comprendida en el término de Cartagena entre Los Urrutias y Los Nietos, en el paraje de Lo Poyo, objeto de deseo de urbanizadoras como Hansa Urbana que llegó a planear la construcción de 10.000 viviendas en el famoso proyecto Novo Cartago, tras ser modificado el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena en 2005, para ser recalificado como urbanizable el suelo donde se iba a construir, en un caso que acabó en el Supremo.
El rechazo a la moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor aprobado en la Asamblea abre la puerta a rescatar proyectos urbanísticos que creíamos olvidados o que simplemente pueden ser reformulados, en los espacios no protegidos de los alrededores de la laguna.
La respuesta en el caso de Lo Poyo es que no hay lugar a retomar el proyecto. Su evaluación de impacto ambiental estratégica no permitiría su desarrollo en base a la Ley estatal sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, aprobada en 2006. En aquel año la Federación de Constructores de la Región de Murcia, liderada por Fulgencio Belando, pedía a las administraciones aclarar el futuro del proyecto urbanístico. La planificación urbanística acabó tumbada finalmente en los tribunales en 2014, entre las dudas de si el Ayuntamiento de Cartagena, con Pilar Barreiro como alcaldesa, había obrado correctamente, según resumía en la Asamblea, la entonces diputada socialista, Teresa Rosique.
El presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel en aquel entonces, defendía públicamente la gestión de la primer edil de Cartagena. Tras ser imputada por el Supremo, al ser aforada, durante su etapa como diputada en el Congreso, Barreiro acabó finalmente exculpada y llegó a pedir que el Ayuntamiento de Cartagena afrontara los costes de su defensa, cercanos a los 75.000 euros.
