El PP recuerda que no hay una notificación judicial sobre las presuntas irregularidades en la Autoridad Portuaria y que Vélez "sí está imputado por malversación y prevaricación"
El secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno, José Vélez, asegura que todo hace indicar que en la presunta trama de corrupción en la Autoridad Portuaria de Cartagena va más allá de una sola persona. El delegado asume que no habrá explicaciones por parte del Gobierno regional sobre este caso, porque nunca son transparentes con la ciudadanía.
José Vélez lamenta los niveles de corrupción que se detectan en la región y que "nos mantienen a la cabeza en el dudoso ranking nacional" de este tipo de procesos. Según señala el delegado, por lo que ha podido saber a través de fiscalía y de la investigación policial, es una trama "con más de una persona implicada". "Desde luego eso viene a decirnos lo que ya sabemos, que se está consolidando el PP en llevarnos a unas cotas de corrupción que están a la cabeza en toda la geografía española".
Por su parte, el secretario de Organización del PP en la Región, Joaquín Segado, muestra su sorpresa porque el Partido Socialista pida explicaciones sobre las supuestas irregularidades en la gestión de la Autoridad Portuaria, cuando su secretario regional, José Vélez "sí que está imputado judicialmente por malversación y prevaricación y no se le han exigido explicaciones".
Segado recuerda que no hay notificación judicial sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la Autoridad Portuaria, "sólo hay una denuncia".
Los estatutos del Partido Popular contemplan la apertura de un "expediente informativo" para aclarar las dudas sobre la adjudicación de un contrato sospechoso por parte de un afiliado. El presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP podrá poner en marcha el proceso "con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar" un procedimiento sancionador.
Así lo indica el artículo 55 de los estatutos del PP, que establece la apertura de un expediente informativo en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo, o realice conductas que se puedan considera incompatibles con las obligaciones y deberes éticos. El Comité de Derechos y Garantías lo transformará en disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente. La resolución del expediente tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial.
En cuanto a la corrupción, los estatutos del PP son contundentes y señalan que "en los casos de delitos flagrantes de corrupción, el Comité de Derechos y Garantías Nacional podrá determinar la suspensión de funciones o de afiliación que se acordará dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso".
El secretario de Comunicación de Podemos en la comunidad murciana, Víctor Egío, ha recordado que fue el Gobierno autonómico el que nombró a Yolanda Muñoz al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) en 2019 y ha cargado contra su presidente, Fernando López Miras, del que “cada hora que pasa su silencio es más cómplice”.
La formación va a pedir en la Asamblea Regional de Murcia la creación de una comisión de investigación sobre el presunto amaño de contratos en ese puerto por la que ha presentado una querella la fiscalía anticorrupción autonómica en la que se escuche a los representantes del comité de empresa que formularon las denuncias, los altos cargos investigados y los gerentes de las empresas bajo sospecha.
“Si López Miras y el PP no tienen nada que esconder, no pueden oponerse”, ha apuntado quien ha recalcado que una de las potestades de la Asamblea es “ejercer esa función esencial de control”.
