El juzgado considera que no hay riesgo de fuga, e investiga a quién afecta la acusación de corrupción, pues hay otro funcionario con el mismo nombre. El caso costó el puesto al exdirector de Carreteras Fernández Lledó
EFE. Murcia
El jefe de servicio de la prisión murciana de Sangonera la Verde, que fue ingresado en una cárcel de Madrid tras su detención por un presunto caso de corrupción que se habría cometido al favorecer la estancia de algunos internos a cambio de dinero, ha sido puesto en libertad por un auto del juzgado de instrucción que investiga los hechos.
Fuentes de su defensa, que dirige el penalista murciano Francisco Valdés Albistur, han dicho que la excarcelación ha sido acordada sin necesidad de fianza, con la imposición de presentarse cada quince días en el juzgado.
La medida ha sido acordada porque este investigado, J.M.S., tiene arraigo en Murcia y no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.
También se ha tenido en cuenta que el peso de la investigación no se centra ya solo en ese funcionario de prisiones, ya que existe otro de igual nombre al que uno de los denunciantes apunta también como presunto autor de hechos inicialmente atribuidos al primero.
Por eso, han añadido las fuentes, deberá esclarecerse qué hechos supuestamente ilícitos pueden ser atribuidos, indiciariamente, a uno o a otro.
Este caso, que es investigado por la Guardia Civil y el Servicio de Aduanas, se destapó en los primeros días del pasado febrero, cuando fueron detenidos, además de J.M.S., el único que ingresó en prisión, otras cinco personas, entre ellas, el entonces director general de Carreteras de la Comunidad Autónoma, José Antonio Fernández Lladó, que fue detenido y luego puesto en libertad tras declarar ante la Guardia Civil porque, aunque nada tiene que ver con el supuesto caso de corrupción en la cárcel de Sangonera, su nombre apareció en una de las conversaciones telefónicas de los sospechosos que fueron captadas por los agentes.
En una de ellas se descubrió que Fernández Lladó había contactado con uno de los detenidos, al que relató que había acudido al ayuntamiento de Alguazas para solicitar un certificado, presuntamente fuera de plazo, con el fin de eludir el pago de un recargo tributario.
Por esa revelación ha declarado también ante la Guardia Civil la alcaldesa de esa localidad murciana, Silvia Ruiz, que ha negado toda participación en la gestión llevada a cabo por el exdirector general ante el encargado del registro municipal en busca de ese certificado.
Las investigaciones siguen su curso, sin que se descarten más detenciones de personas supuestamente relacionada con ese presunto caso de corrupción en la cárcel que fue denunciando ante la Fiscalía de Murcia por un recluso y por la esposa de otro.
